MEXICALI, B. C. 15 de julio de 2014.- Con el objetivo de reducir la deuda pública que acosa cada vez más al Estado y a los Ayuntamientos, la diputada del PAN Rosalba López Regalado presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso local.
Se trata de una reforma al artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios la cual busca establecer que dichas entidades prevean el vencimiento y pago de las operaciones de financiamiento temporal a más tardar tres meses antes del término de su gestión.
La legisladora indicó que las deudas que se “heredan” de una administración a otra son cada vez más comunes, lo que pone en desventaja a los funcionarios entrantes.
Agregó que actualmente la sociedad puede percatarse de las repercusiones que han dejado estas prácticas y que afecta principalmente la prestación de servicios inherentes al Gobierno estatal o municipal respectivamente.
“Se busca evitar que las administraciones que inicien un ejercicio constitucional se vean limitadas en cuanto al manejo de recursos presupuestales, toda vez que deben cumplir con las deudas heredadas de administraciones anteriores lo que limita su capacidad de acción y de respuesta inmediata a las necesidades de la ciudadanía”, resaltó Rosalba López Regalado.
La congresista explicó que originalmente la deuda pública constituía un instrumento financiero muy importante pues permitíatraer al presente recursos públicos futuros, sin tener que esperar a recaudar los fondos fiscales que se requieren de manera ordinaria, con el objetivo de financiar obras de grandes alcances y en beneficio de la sociedad.
Pero debido a ello, dijo, es necesario poner reglas claras que no permitan que las autoridades hagan caso omiso de los compromisos y simplemente los releguen a la administración que les sigue.
“Utilizar dicho instrumento financiero debe hacerse con responsabilidad, transparencia, bajo mecanismos estrictos de control y evaluación que permitan tomar las mejores decisiones”, puntualizó Rosalba López Regalado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en donde será evaluada y dictaminada, para que después sea votada por el pleno del Poder Legislativo.
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