Palco de Prensa
Domingo 15 Marzo 2015
Las farsas políticas.
Por : Gilberto LAVENANT
Los políticos, considerando como tales no solamente a quienes militan o dirigen alguna organización partidista, sino también a aquellos que ocupan todo tipo de cargos públicos, incluso culturales y universitarios, cuando se consideran que les agarran de la cola y corren el riesgo de ser exhibidos en sus deshonestidades, se enredan en alguna bandera política y se autoproclaman sus defensores.
Tal fue el caso del ahora exRector de las UABC, Felipe Cuamea Velázaquez, un caso aún pendiente de resolver, cuando la legislatura estatal desucubrió y reveló que había utilizado recursos universitarios para lucrar con ellos en la bolsa de valores, de inmediato armó una farsa y advirtió que se atentaba contra la autonomía universitaria.
Cuamea ya había preparado todo, para si insistían en su persecución y no le soltaban la cola, enfrentar a toda la comunidad universitaria contra los legisladores locales. La cordura y el sentido común imperaron, ante el hecho de que unos meses después podrían seguir tales acciones, cuando el aludido dejara la titularidad de la rectoría universitaria.
Algo similar está ocurriendo con el escándalo protagonizado por el gobernador y los alcaldes de la entidad, al acusar públicamente a los periódicos de la familia Healy, presuntamente, de chantaje o extorsión.
Un asunto, estrictamente económico, la empresa periodística lo pretende convertir en un ataque a la libertad de expresión. Los acusadores se duelen de pretensión económica de los periódicos Healy “la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen” y si bien es cierto que refieren “el manejo de información fuera de toda objetividad”, en honor a la verdad, la misma no es del todo sobresaliente, ni contundente.
Es más, la denuncia mediática, surgió, luego de que durante lo que llevan de sus respectivas administraciones, han tenido que soportar la monserga, dicen, de reclamos exagerados de paquetes publicitarios, en los que mencionan cantidades mediante facturación y otras en efectivo, fuera de libreta.
Grupo Healy, exhibido con la denuncia, presume que “el objetivo como empresa editorial es la de informar de manera objetiva, veraz y oportuna” y prácticamente se proclama defensor de la libertad de expresión. Incluso, se cobija a la sombra de la Asociación de Editores de los Estados, de la que forma parte, y de organizaciones periodísticas internacionales, señalando que el escándalo en que resulta involucrado, es un ataque a la libertad de expresión.
La postura asumida, resulta ridícula. Su calidad periodística, quizás incomoda un tanto, pero no le quita el sueño a nadie. Son varios los medios periodísticos en la entidad, así como periodistas en lo individual, que realizan un trabajo de verdadero análisis y crítica contundente, que no se quejan de que se den acciones oficiales para limitarlos o frenarlos.
En el caso de publicaciones comoel semanario Zeta, han revelado cuando rompen relaciones comerciales con cierta entidad de gobierno, o determina no solicitar o recibir recursos oficiales, pero poco o nada dice sobre que se atente contra su libertad de expresión.
El Grupo Healy, adopta el papel de víctima y amenaza con recurrir a las instancias judiciales. Esto, porque presume que no hay manera de probar la acciones gangsteriles que se le imputan. ¿Qué pasaría, si realmente se acreditara lo denunciado, con pruebas fehacientes? Hay quienes aseveran que si las hay. Que tales podrían ser mostradas, en caso necesario.
Por el momento, a propósito de probanzas, salvo prueba en contrario, no hay ningún medio periodístico, ni periodista alguno, que pueda acreditar que haya sido víctima de agresión o atentados contra el ejercicio de su libertad de expresión.
Y esto, no es por hacerla de abogado de ninguna instancia de gobierno. Simplemente porque esa es la verdad. En Baja California, como en muchas otras partes del resto del país, se puede ejercer libremente la libertad de expresión. Decir lo contrario, es temerario y faltar a la verdad.
Todos los días, al menos en Baja California, se tienen amplios y variados ejemplos del ejercicio y goce pleno de la libertad de expresión. Aseverar lo contrario, como en el caso del Grupo Healy, es ridículo.
En caso contrario, la sociedad entera ya estuviese repudiando los actos oficiales que atentaran contra la Libertad de Expresión. Ya hubiera marchas de protesta, en gran parte alentadas y encabezadas por periodistas.
No obstante, o sea, en caso de que efectivamente hubiera intentos oficiales por limitar la libertad de expresión de los periódicos del Grupo Healy, cabe obsrevar que sus propietarios y directivos, desde su arribo a Baja California, se han ostentado como “periodistas de elite”, que les desagrada tener trato con los periodistas bajacalifornianos.
Bajo protestade decir verdad, el columnista autor de Palco de Prensa, abiertamente manifiesta que a lo largo de su carrera periodística, no ha sido frenado o limitado en el ejercicio de la libertad de expresión.
Si acaso, no está en las listas de destinatarios de información del gobierno estatal. Nunca es invitado a los eventos del Gobernador Kiko Vega. Tal vez porque no ha podido olvidar que fue uno de los primeros en comentar y hacer circular el video de “Las kikadas” o el asunto de la orden de aprehensión en contra de Trejo Dozal, el exsecretario de gobierno estatal.
Así es que, hablar de atentado contra la Libertad de Expresión, en este escándalo, es una simple treta. Una farsa política, pues.
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