Palco de Prensa
Miércoles 19 Noviembre 2014
Los tecnicismos.
Por : Gilberto LAVENANT
En materia jurídica, los aspectos técnicos son sumamente importantes. El no observarlos o no respetarlos y cumplirlos, al pie de la letra, trae consecuencias serias. Son como las “letras chiquitas” de los contratos.
Ha causado sorpresa, y en especial malestar, cuando presuntos delincuentes recuperan su libertad, porque en su detención, no se observó el debido proceso. Obvio, de inmediato surgen las especulaciones. La mayoría de ellas señala presuntos actos de corrupción. Aunque en realidad, haya sido cuestión de meros tecnicismos.
Este martes, ocurrió un caso, que generará hartas especulaciones. Sin embargo, conforme a la resolución, efectivamente se trató de tecnicismos.
El pasado 28 de agosto, del año en curso, el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Humberto Zúñiga, presentó, ante la Procuraduría de Justicia del Estado, denuncia penal en contra del exalcalde priísta Francisco Pérez Tejada y otros exfuncionarios municipales.
La acusación, fue por haber ocasionado daño patrimonial al gobierno mexicalense, por omitir pagar las cuotas y aportaciones al ISSSTECALI, préstamos, pensiones y jubilaciones, más los recargos correspondientes y financiamiento pactado, que suman un total de 939 millones 683 mil 752 pesos.
Sin embargo, toda vez que, conforme a la fracción XXIV de la Constitución local, corresponde a la Legislatura Estatal “Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delitos”, y además ser el exalcalde de los funcionarios que deben ser sometidos a juicio político, en caso de incurrir en irregularidades, un mes después, el 25 de septiembre, se presentó la correspondiente solicitud al Congreso local. Este, es un requisito de procedibilidad, insalvable.
O sea, si la Legislatura determina que es procedente la acción penal, en contra de determinado funcionario o exfuncionario público, pues no hay vuelta de hoja. Tanto se habló, sobre las presuntas irregularidades de la administración de Panchito, en especial el no haber cubierto las aportaciones al ISSSTECALI, que muchos imaginaron verlo tras las rejas.
Pues resulta que no. El priísta mexicalense podrá seguir aspirando a ocupar cargos públicos, aunque su paso por la Alcaldía de Mexicali haya sido todo un desastre. Este martes, la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, encargada de conocer la solicitud de juicio político contra el exalcalde, la desechó de plano. O sea, Panchito podrá dormir plácidamente, aunque no tenga la conciencia tranquila.
La noticia al respecto, generó incredulidad en muchos. Especialmente mexicalenses. No podían creer que no se vaya a hacer nada en su contra.
Obvio, de inmediato surgió la idea o hipótesis, de que este resultado, fue producto de una negociación política. Cabe recordar que las dirigencias priístas lo defendieron a capa y espada, como si fuese un indefenso niño chiquito. Incluso, lo mandaron fuera de la entidad, comisionándolo como delegado especial en pasadas contiendas. Pero solamente con la intención de mantenerlo fuera, en tanto se enfriaba su asunto.
En principio, a propósito de la presunta negociación, habría que ver, qué diputados integran la Comisión Jurisdiccional en mención. Armando Reyes Ledesma, del PT, Presidente, Cuauhtémoc Cardona Benavides, panista, Secretario y vocales José Roberto Dávalos Flores, del PRD, David Ruvalcaba Flores, del PRI, actual Presidente del Congreso, Nereida Fuentes González, del PRI, Juan Manuel Molina García, del MC y Gustavo Sánchez, coordinador de la fracción parlamentaria panista. Si es que hubo negociación, no ha de haber sido fácil, con tales participantes.
Esta deducción, es la más común. Se sabe, perfectamente, que los legisladores son buenos para negociar. Casi todo lo negocian. Tienen una marcada filosofía mercantilista. Como dicen por ahí : “no dan un paso, sin huarache”. Solo faltaría saber, que pidió cada uno, o cada partido, en su caso, por perdonarle a Panchito, sus fallas y excesos.
Tal vez les resulte difícil creerlo, pero de la lectura del dictamen correspondiente, se desprende y acredita que quienes solicitaron el juicio político contra el exalcalde mexicalense, obviamente no se asesoraron debidamente y no observaron los tecnicismos jurídicos. Por eso, y no por otra cosa, Panchito la libró.
Se observa claramente, que los denunciantes no ofrecieron las pruebas idóneas, para acreditar que el exalcalde mexicalense haya causado el daño patrimonial que se le imputa. Algunas de las documentales exhibidas y ofrecidas como probanzas, las presentaron en copias simples y no debidamente certificadas.
Así mismo, se le pretendía fincar responsabilidades, respecto a supuestas irregularidades incurridas en el 2013, cuando que las cuentas correspondientes aún no han sido analizadas y dictaminadas por el Orfis. ¿Así cómo?
Si no fuese porque los denunciantes son panistas, podría decirse que las deficiencias en la solicitud de juicio político, fueron deliberadas, precisamente para salvar del reclusorio al exalcalde priísta.
En descargo, sobre estas supuestas sospechas, de parte de los denunciantes, este martes circuló en internet escrito en el que condenan y descalifican la resolución de la Comisión Jurisdiccional de la Legislatura, acusándola de haber incurrido en irregularidades al desechar la solicitud de juicio político. Habría que analizar con detenimiento el Dictamen 8.
Es cuestión de tecnicismos, pero persistirán las sospechas de una supuesta negociación.
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