Aquiles Córdova Morán
Van cuatro artículos al hilo en que José Luis Luege
Tamargo, ex director de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón, se lanza en
contra del Movimiento Antorchista Nacional al que injuria y calumnia sin
pruebas y sin recato, tal como hacen siempre los que se saben impunes. Obligado
por el último de dichos artículos en que vuelve a repetir su acusación de “un fraude
descomunal” maquinado por SEGOB para «regalar» (ignoramos el por qué de las
comillas) 200 hectáreas a los líderes de Antorcha Campesina, me ocuparé, muy a
mi pesar, sobre todo del primero de dichos libelos, porque en él se contiene casi
todo el meollo del discurso incriminatorio de Luege. 
Dice textualmente Luege: “Ahora nos enteramos que, sin
motivo ni justificación alguna, la SEGOB promueve un convenio para «donar» (¿) 200
hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de
Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial”. Hago notar, de paso,
que Luege afirma, primero, que la “donación” no tiene motivo ni justificación
alguna, y palabras adelante dice que es “para la construcción de un parque
industrial”; es decir, que la “donación” sí tiene un motivo, aunque éste no le
guste a Luege o dude de su autenticidad, que ese es otro problema. Párrafos
adelante reitera: “…las 200 hectáreas que se pretenden «donar» a Chimalhuacán
están exactamente en los terrenos donde se proyectan estas lagunas de
regulación.” Más adelante aclararé de qué lagunas se trata; aquí solo me
interesa destacar que, en ambas fórmulas acusatorias, Luege dice textualmente que
la donación, cierta o falsa, es al
municipio de Chimalhuacán y no a Antorcha Campesina o a sus líderes. Y sin
embargo, dando un salto lógico que pone en duda la salud mental de este señor,
dice casi a renglón seguido: “La noticia de esta «donación» se dio en medios
nacionales con el argumento de que el proyecto sería de beneficio para la
economía del Municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del
Gobierno del Estado de México, con la SEGOB y líderes de Antorcha Campesina.” ¿Así
nomás? ¿Y de dónde saca Luege esa información y la “realidad” de la misma que
asegura? ¿Tiene acaso dotes de adivino o de vidente? Y si es así, ¿por qué no
se dedica a explotar dichas dotes mejor que a calumniar a sus conciudadanos?
Pero las contradicciones y los absurdos no terminan
ahí, pues renglones más abajo Luege nos regala otra perla: “Es evidente que la
operación anunciada no se trata (sic) de una donación ni al Municipio ni a la
organización de Antorcha Campesina, sino de un negocio muy jugoso.” ¿En qué
quedamos, por fin? ¿Es o no es una «donación», sea quien fuere el beneficiario
de la misma? ¿Quién es aquí el verdadero sospechoso, el acusador o los
acusados? Disparates aparte, es obvio que Luege acusa a los “líderes de
Antorcha Campesina” de estar a punto de recibir, de manera gratuita e ilegal,
200 hectáreas de terrenos nacionales para llevar a cabo, nosotros o un tercero
oculto detrás de nosotros, un “jugoso negocio” con la reventa de esas hectáreas
a precio de oro. Y es esto parte sustancial de lo que quiero aclarar. Desde el
año 2007, siendo Presidente Municipal de Chimalhuacán el Ing. Marco Antonio
Lázaro Cano y Gobernador del Estado de México el Lic. Peña Nieto, los
pobladores del municipio, naturalmente encabezados por sus representantes
legales, iniciaron la gestión para obtener la cesión de 800 hectáreas de los
llamados Tlateles, tierras salitrosas y áridas que estaban en posesión de los
comuneros chimalhuacanos, con el propósito de crear un gran desarrollo
industrial que diera empleo y mejores salarios a los miles de pobres y
desocupados del Municipio. El Gobierno estatal respondió que no podía comprometer
una respuesta precisa sin antes efectuar estudios rigurosos sobre el impacto
económico, social y ambiental del proyecto. Y pidió tiempo para ello. Pasaron
así casi cinco años durante los cuales la gente, lejos de desanimarse y renunciar
a su demanda, intensificó la lucha por la misma, a pesar de lo cual el Gobierno
no cedió. No fue sino hasta que el proyecto del nuevo aeropuerto (NAICM) estuvo
afinado y listo para su ejecución, que sus promotores vieron el problema social
que representaban los comuneros, que no solo alegaban legítima posesión sino
también propiedad de una buena parte de los terrenos del nuevo aeropuerto; y
fue entonces y por eso que recurrieron al ayuntamiento de Chimalhuacán como la
única instancia capaz de convencer a los comuneros para que aceptaran una
indemnización por las tierras, a cambio de dar luz verde al proyecto industrial
que tenían congelado.
Pero ni
siquiera entonces las cosas fluyeron satisfactoriamente: pre proyectos y
proyectos definitivos que no lo eran, fueron y vinieron hasta que, al fin, de
las 800 hectáreas originalmente solicitadas, se aprobaron las modestas 200 que
escandalizan a Luege Tamargo. El CERAO (siglas del proyecto mencionado) no es,
pues, fruto de la “promoción” de SEGOB sino de la lucha del pueblo chimalhuacano,
que incluye a antorchistas y no antorchistas. Ítem más: Las 200 hectáreas aprobadas
están divididas en tres partes: 30 serán entregadas al municipio para una
unidad deportiva, 20 al Gobierno estatal para erigir una universidad tecnológica,
y las 150 restantes serán entregadas a una
empresa paramunicipal mayoritaria, creada ad hoc de acuerdo con la legislación aplicable al caso. Por
definición, pues, como reza el título, la mayoría de las acciones (60% en este
caso) quedarán en poder del municipio, y el resto se repartirá entre tres
pequeñas empresas a cambio de su compromiso de colaborar para el éxito del
proyecto, cuyo cumplimiento estará estrictamente controlado y supervisado. Por
tanto, ¿dónde entran aquí los líderes de Antorcha Campesina? ¿Cómo harán para adueñarse
de un proyecto perfectamente blindado por las autoridades y por la legislación
vigente, como acusa falsamente Luege? Es verdad que los terrenos industriales
deberán rentarse o enajenarse, pero esto es así por necesidad y no por negocio.
Así ocurre en todo el país y en el mundo; de lo contrario nadie querrá invertir
en Chimalhuacán. Si Luege conoce un camino mejor, que lo diga y que deje de
andar calumniando y obstaculizando el desarrollo social de los chimalhuacanos.
Luege recuerda que cuando el presidente Peña Nieto presentó
el proyecto del nuevo aeropuerto, ofreció construir “una serie de lagunas de
regulación que, además de proteger las instalaciones del aeropuerto,
garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la ciudad”. Sobre
esta base, afirma que “las 200 hectáreas que se pretenden donar a Chimalhuacán están
exactamente en los terrenos donde se proyectan estás lagunas de regulación” y,
a reglón seguido, pregunta: “Entonces, ¿se van a construir las lagunas? ¿El
proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se llevará a cabo? ¿Se
dejará sin protección contra inundaciones a todo el oriente del Valle de
México?” Y más abajo afirma tajante: “Ahora resulta que ni parque ecológico, ni
lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada. El gobierno federal,
violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a esos líderes corruptos
que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública”. Es una absurda mentira
que las 200 hectáreas del CERAO se ubiquen “exactamente” donde irían las
lagunas de regulación; y más torpe aún es asegurar que, por culpa del CERAO no habrá
“ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada”.
Cualquiera que se tome la molestia de echarle un vistazo al proyecto hidráulico
del NAICM, verá fácilmente que las lagunas proyectadas y el CERAO no se
interfieren en absoluto, y que de siete lagunas que hay en la actualidad,
incluido el Lago Nabor Carrillo, con 13
millones de metros cúbicos de agua en total, se proyecta pasar a nueve lagunas con 38.2 millones de metros
cúbicos, es decir, 25.2 millones más que lo que se tiene en la actualidad. El
proyecto precisa, además, que el Lago Nabor Carrillo mantendrá su función anterior
con un tirante ecológico permanente, a diferencia de lo que sostiene Luege al
respecto. Y una última enorme mentira es atribuir todos estos cambios al CERAO
y no, como es lo cierto, a las necesidades del NAICM.
¿Cómo entender los absurdos infundios de Luege? Solo
se me ocurre una explicación plausible: estamos ya, de hecho, en tiempos
electorales, y el grupo político de Luege aspira a ganar el Estado de México para
asegurar la Presidencia del país. Y en el Estado de México, el voto antorchista
será decisivo sin lugar a dudas, pésele a quien le pese. De ahí que parece
lógico que algunos grupos vean necesario y urgente deslavar nuestra imagen y
sembrar en los electores odio y rechazo a nuestro movimiento. De esa manera esperan
tal vez debilitar al candidato de nuestra preferencia, o, mejor quizá, lograr
que nadie vea redituable aliarse con un grupo de corruptos chantajistas que le
acarreará más desprestigio que votos. Luege acusa a SEGOB, falsamente como
hemos visto, de estar convertida en depredadora de los bienes de la nación y de
violar toda la normatividad vigente para favorecer a los líderes de Antorcha. Si
las instancias federales no se defienden de tales canalladas teniendo todo para
hacerlo, cabe preguntarse: ¿están de acuerdo con Luege para debilitar y aislar
a los antorchistas? ¿Cómo y entre quiénes se están tejiendo las alianzas para los
duros combates que se avecinan? La respuesta se la dejamos al chapulín colorado.
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