Mexicali, B. C., viernes 10 de julio del 2015.- La diputada Irma Martínez Manríquez presentó una iniciativa de reforma que propone un procedimiento para que la autoridad municipal tome medidas de seguridad, lo cual permita hacer cumplir a los urbanizadores con sus obligaciones en los fraccionamientos del Estado.
La legisladora por el Partido Nueva Alianza comunicó que, desde hace años, miles de familias son afectadas en su calidad de vida y en su economía por la falta de cumplimiento en el proceso de entrega-recepción de los fraccionamientos, y tienen que sufragar por su propia cuenta los servicios públicos a los que por ley tienen derecho a disfrutar en una vivienda digna.
La pretensión es resolver la problemática de los habitantes de cientos de fraccionamientos que no han sido entregados por las desarrolladoras a los Ayuntamientos, la mayoría de estos ubicados en la ciudad de Tijuana y en la capital de Baja California.
Mencionó la aliancista que los habitantes de esas áreas sufren de abandono, por falta de apoyo gubernamental y porque los urbanizadores no les cumplen, orillándolos a buscar proveedores de servicios para la recolección de basura y el alumbrado público, entre otros.
Al respecto, resaltó que la autoridad municipal no cuenta con las herramientas legales para resolver esa problemática, debido a lagunas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que actualmente señala que en tanto no se concluyan las acciones de urbanización y éstas sean recibidas por el Ayuntamiento, queda bajo la responsabilidad del urbanizador cumplir las obligaciones que establece la Ley para con sus clientes, como lo es la prestación de los servicios referidos.
La propuesta consiste en reformar dicha Ley para que ésta prevea que, en caso de que transcurran los plazos de terminación de las acciones de urbanización sin que éstas hayan sido concluidas por parte del urbanizador, y previa solicitud de los vecinos o requerimiento del Ayuntamiento, éste último este facultado para proceder a la prestación temporal de los servicios públicos correspondientes y pueda informar a la Tesorería Municipal respectiva la relación de los gastos realizados para ese fin y, en su momento, hacer efectiva la fianza de garantía que la propia Ley de Desarrollo Urbano refiere en su artículo 172.
Irma Martínez destacó que con la propuesta se brindará mayor certeza jurídica y una mejor calidad de vida a los residentes de estos fraccionamientos, porque hace más solidaria la participación del Ayuntamiento y vincula más a los urbanizadores con la calidad del servicio que están obligados a otorgar a sus clientes.
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