RECHAZAN AMPLIAR EL PERIODO DE PERMANENCIA DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

·         Por unanimidad de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado

Mexicali, B. C., martes 28 de octubre de 2014.- En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, que presiden los diputados Juan Manuel Molina García y Roberto Dávalos Flores, respectivamente, fue declarado improcedente por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa que pretendía reformar los artículos 60, 64 y 65 de la Constitución Política de Baja California.

            Esta iniciativa de reforma, cuyo inicialista es el diputado Fausto Gallardo García, tenía la intención de establecer nuevos mecanismos de elegibilidad y permanencia en el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como establecer una disposición transitoria que permitiera a los actuales consejeros permanecer dos años más en el cargo y darles el derecho de ratificación.

            En ese sentido, la intención de dicha modificación constitucional permitiría eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción VIII del artículo 60 de la Carta Magna local, respecto a que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere no haber sido titular de una dependencia pública federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha en la que deba ser nombrado.

            Asimismo, planteaba que los consejeros del Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, tengan un periodo de tiempo en su cargo de seis años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional; además, establecer exámenes de mérito y conocimientos a los aspirantes del mencionado Consejo.

            Durante la sesión de las Comisiones Unidas se contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Esther Rentería Ibarra, así como de magistrados y representantes de los colegios de abogados de Mexicali y Tijuana, quienes expusieron su negativa con bases jurídicas a la referida pretensión legislativa al momento de permitírseles el uso de la voz.

            Por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación estuvieron presentes los diputados Juan Manuel Molina García, quien fungió como presidente; Roberto Dávalos Flores, secretario; y los vocales Gustavo Sánchez Vásquez, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, René Mendívil Acosta, Rosalba López Regalado y Nereida Fuentes González.