Modifican Constitución para dar certeza a inversiones

Modifican Constitución para dar certeza a inversiones
 
·         Con nueva ley, proponen transparentar Asociaciones Público-Privadas
·         Se detonarán inversiones y empleos en BC
 
Mexicali, B.C., a 10 de julio de 2014.- La realización de proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APPs) reconocida en la Constitución Política del Estado de Baja California y una nueva Ley que regule estos proyectos para atraer la inversión en la entidad, están incluidas en el dictamen recién aprobado en Comisiones.
 
“Esta iniciativa confiere mayor certeza a los inversionistas que busquen invertir en Baja California y brinda transparencia a los proyectos necesarios para dotar de infraestructura y servicios a los ciudadanos”, expuso la diputada Laura Torres Ramírez.
 
En sesión de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad y Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida Torres Ramírez, los legisladores aprobaron la iniciativa que será presentada en el Pleno del Congreso, este 10 de julio.
 
Como primer punto, se contempla que la conformación de APPs, quede plasmada en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California mediante la adición del párrafo siguiente:
 
“El Estado alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas  para el desarrollo industrial y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas que se regirán exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al efecto se emita, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado y Municipios”.
 
También conlleva la abrogación de la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, publicada en 2009, para sustituirla por una con los artículos necesarios para atraer inversionistas.
 
A diferencia de la actual Ley, la nueva propuesta determina las causas, procedimientos y términos de recisión de contratos.
 
“Estas características dejan los términos claros, desde el principio de la asociación, entre iniciativa privada y gobierno, por lo que impulsará el desarrollo económico, la competitividad y la creación de fuentes de empleo”, declaró la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.
 
De igual forma, la ley vigente carece de obligatoriedad de registro, publicidad y transparencia de los contratos, por lo que la ley aprobada en comisiones, permite al ciudadano conocer con claridad, el registro y publicidad de dichas sociedades.
 
Mediante la rendición de cuentas con la publicación de la información relativa a los proyectos APPs en el portal de compras del Gobierno del Estado, cualquier interesado o ciudadano podrá seguir desde su etapa de evaluación, el proceso de contratación a través de las convocatorias, bases y estatus.
 
A la vez, se conformará el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas, como un órgano colegiado e interinstitucional de análisis, opinión y decisión con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de este tipo que realice el gobierno del Estado.
 
Esto fortalece la capacidad de la autoridad para intervenir en cualquier etapa del proyecto, si considera que se está incumpliendo lo convenido.
 
“En países desarrollados, las APPs han demostrado ser un modelo financiero y jurídico para la planeación financiera y ejecución sustentable de proyectos de infraestructura y prestación de servicios a largo plazo, es momento de que Baja California tome ese camino dentro de un marco legal”, señaló Torres Ramírez.
 
Por esta razón, la diputada explicó que se cumplirán con las expectativas y necesidades sociales en cuanto a construcción de hospitales, centros de readaptación, autopistas, escuelas, centros deportivos, plantas de tratamiento de aguas residuales, transporte urbano, centros de investigación y más.
 
“La iniciativa, inicialmente propuesta por el Poder Ejecutivo, ha demostrado ser viable y ser el combustible necesario para acelerar el motor económico de la región, por lo que sé que tengo el respaldo de mis compañeros diputados para que sea aprobada en la siguiente sesión del Congreso”, concluyó Laura Torres.