TIJUANA 22 de julio de 2015.-Los ciudadanos que han sufrido el embargo de su automóvil al cruzar por la Aduana, pueden recuperarlo al utilizar derechos establecidos en las mismas leyes aduaneras.
El abogado fiscalista, Octavio de la Torre de Stéffano, dio a conocer que en este año más de 80 casos han sido resueltos a favor del ciudadano para recuperar su vehículo.
Explicó que la autoridad procede a retener el auto para iniciar un procedimiento administrativo que deriva en un “embargo precautorio”, en virtud de que no se demostró que éste se encuentra importado, o bien, el conductor del automóvil con placas extranjeras no acredita a la Aduana que él es un residente en el extranjero.
Informó que en estos casos el conductor debe esperar a que la Aduana redacte un acta correspondiente al embargo, donde se harán constar los hechos que ocurrieron el día en que la mercancía se introdujo a México, debe hacerse un inventario de la misma y del automóvil; firmada por el automovilista ante dos testigos y entregarse una copia de la misma.
El también Director de la Firma TLC Asociados subrayó que como en todo acto de autoridad, el ciudadano tiene un plazo para ofrecer pruebas y alegatos ante ésta, pasado un tiempo aproximado de cuatro meses la Aduana de Tijuana está obligada a emitir una resolución en la cual determina el destino de los bienes embargados y el probable crédito fiscal por no haber introducido legalmente el vehículo.
A partir de ese momento, el ciudadano tiene el derecho a impugnar la resolución haciendo notar las omisiones o irregularidades que surgen con motivo de la actuación de la Aduana, puntualizó de la Torre de Stéffano.
Carlos Chávez es un ciudadano afectado que acudió a la asesoría profesional, "cuando alguien está inmerso en una situación así, a todo mundo le gusta opinar, esto aunado a las leyendas urbanas o posibles historias reales de gente que ha pasado por experiencias similares con finales poco felices, la verdad que el sentimiento de esperanza se desvanece poco a poco”.
Abundó “y no es por el hecho de una posible afectación patrimonial de consecuencias más o menos importantes, sino el hecho de sentir una desprotección como ciudadano por parte de una autoridad con procedimientos y reglas bastante cuestionables".
Por último, agregó que si no se está bien asesorado puede ser un calvario para los ciudadanos este tipo de situaciones, una experiencia complicada, larga y en ocasiones angustiosa.
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