Palco de Prensa
Sábado 17 Enero 2015
Por : Gilberto LAVENANT
Lo aberrante, es todo aquello que resulta ilógico, incorrecto, absurdo, anormal e incluso ilícito.
Se requiere, prácticamente, ser un enfermo mental, enajenado, para incurrir en aberraciones, o sea, realizar o proponer, cosas que no son lógicas, ni naturales.
Los legisladores locales, tal parece, son especialistas en incurrir en aberraciones.
Siendo legislador, el actual Secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Ricardo Magaña Mosqueda, propuso la creación de un Instituto de Ciencias Forenses, lo que fue aprobado en pleno, desapareciendo de un plumazo al servicio médico forense del Poder Judicial del Estado, sin preveer la sustitución paulatina de instituciones.
Independientemente de la viabilidad de operación del instituto, lo aberrante fue que los juzgadores se quedaron sin peritos de todo tipo, auxiliares importantes en la administración de justicia. En especial, los médicos forenses, cuya facultad básica es determinar las posibles causas del fallecimiento de una persona, quedaron fuera de funciones, dando lugar a que en esa laguna, todos fallecían “de muerte natural” y los criminales, incluso confesos, resultaban ser unas “blancas palomitas”.
El citado exlegislador, nunca entendió su absurda y aberrante propuesta y el daño que estaba ocasionando. Ni modo, como muchas personas, los políticos acuden a un centro de estudios superiores, en busca de un título profesional, para acreditar un status social, pero no para obtener conocimientos.
Finalmente, el resto de los legisladores entendieron lo aberrante del asunto y dejaron sin efecto la ley que creó el “frankestein” del político panista.
De ese tamaño, o quizás peor, es la aberración propuesta esta semana por el legislador ensenadense, Marco Antonio Novelo, en el sentido de reformar el Código de Procedimientos Civiles, para establecer, como algo obligatorio, el que para iniciar un juicio formal, primero deben someterse las partes a un proceso de conciliación ante el Centro Estatal de Justicia Alternatva.
Esta institución, fue creada, en atención a la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, publicada el 19 de octubre de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, a fin de poner a disposición de los ciudadanos, la posibilidad de resolver conflictos de carácter legal, por medio de la conciliación o mediación, sin la necesidad de llegar a promover un juicio que puede resultar costoso y tardío.
El Centro de Justicia Alternativa, inició sus funciones a partir del 20 de abril del 2009, en Mexicali. Luego, un año después, el 20 de abril del 2010, inicia en Tijuana y el 20 de abril del 2011, en Ensenada.
Pero esta institución, no es instancia alguna en la administración de justicia, ni sustituye a los tribunales de primera instancia. Es solamente una opción, en la búsqueda de un arreglo entre las partes..
Resulta exagerado, y aberrante, pretender que la Justicia Alternativa atienda, casi como primera instancia, todo conflicto jurídico y expida la constancia correspondiente, para poder acudir en demanda de justicia.
En muchos de los casos, de eso no hay duda, las partes en pugna tratan de encontrar arreglo entre ellas, precisamente antes de iniciar un juicio. Y por lo tanto, presentan la demanda, cuando no encuentran las condiciones para ello.
Cada juzgador, de primera instancia, en materia civil, mercantil y familiar, atiende unos 5 mil expedientes, relativos a juicios que pueden prolongarse hasta 8 años o más. Si se agrega la obligación del intento de conciliación, se prolongarán durante más tiempo y por lo tanto, se encarecerán los servicios de asesoría jurídica.
Los llamados Centro Estatal de Justicia Alternativa, no tienen capacidad para atender a todas las partes en pugna. Sería necesario esperar turno, durante varios meses, para acudir a audiencia de conciliación, y en cada caso se requerirían de 3 o más citas.
De aprobarse esta aberrante disposición, se congelaría la administración de justicia. Los tribunales operarían con los juicios en trámite y tardarían meses en recibir los nuevos.
Lo que los ciudadanos requieren, en materia de administración de justicia, son más tribunales y juzgadores más capaces y juustos.
La problemática de la administración de justicia, no se resuelve por decreto, como ahora lo pretenden los legisladores. Ni mucho menos cuando la disposición propuesta, es una soberana aberración.
Esta claro, pero los legisladores no lo entienden, que la posibilidad de conciliación, es un derecho, y en ningún caso se puede establecer como obligación de las partes.
Tener este tipo de legisladores, es algo así –perdonando la expresión- como tener un hijo tonto o loco, al que se le debe vigilar constantemente, para que no vaya a cometer una atrocidad lamentable.
Aquí es donde debe intervenir la socidad en general y en particular los colegios de profesionistas, que en todo momento deben estar vigilantes, para evitar que se incurra en tales aberraciones. No olviden que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre.
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