APRUEBA COMISIÓN DE JUSTICIA REFORMAS EN TORNO AL FEMINICIDIO, SECUESTRO Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO

• Fueron avalados 5 dictámenes de manera unánime, por este órgano de trabajo del Congreso local que preside el asambleísta Molina García

Mexicali, B. C., martes 10 de febrero de 2015.- La Comisión de Justicia  (CJ) del Congreso del Estado, que preside el diputadoJuan Manuel Molina García, aprobó hoy por unanimidad los dictámines 25, 26, 28, 29 y 30, que contienen iniciativas de reforma en torno a los temas del feminicidio, el secuestro, la protección a la víctima del delito y la justicia para adolescentes.

            El primer dictamen avalado de manera unánime por este órgano legislativo, fue el número 25, el cual contiene una iniciativa de reforma propuesta por el diputado Roberto Dávalos Flores, que adiciona el artículo 353 bis al Código de Procedimientos Civiles de Baja California.

Dicha adición tiene el propósito de que sean contempladas reglas para recabar el testimonio de menores de 18 años cuando se vean involucrados en juicios de orden familiar; ello en el sentido de que previo a su desahogo, el juez deberá contemplar una serie de condiciones óptimas para no afectarlos emocionalmente con la práctica de la prueba.

En segundo término, por medio del dictamen 26 la CJ avaló modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, presentada por el Poder Ejecutivo, para fusionar el Centro de Diagnóstico y el Centro de Ejecución en una misma infraestructura, con un solo organigrama y bajo una única dirección, el cual se denominará Centro de Tratamiento para Adolescentes en el Estado, lo que traerá un tratamiento más ágil en beneficio de los menores de edad.

Por otro lado, se aprobó el dictamen 28 que contiene reformas sugeridas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con la finalidad de que la reparación del daño en el delito del secuestro, comprenda también los gastos alimentarios, de transporte y hospedaje.

Esta iniciativa también sugiere la improcedencia de la sustitución de la pena por dicho delito, salvo que el sentenciado colabore sustancialmente con la autoridad, proporcionando información que lleve a la captura de otros miembros de la delincuencia organizada o dedicados al secuestro, o a la localización y liberación de víctimas.

Asimismo fue avalado el dictamen 29, para reformar los artículos 129 y 293 del Código Penal del Estado, con el objetivo de adecuar siete fracciones al tipo penal de feminicidio, lo cual coadyuve a una mejor aplicación del mismo al juzgador, así como constituir el tope mínimo y máximo de la sanción pecuniaria aplicable, el cual será de 20 a 50 años de prisión.

La inicialista de esta reforma es la legisladora Nereida Fuentes González, quien promovió que el artículo 129 del Código Penal quede como sigue: “Feminicidio: Comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género, cuando se de una o más de las siguientes circunstancias:

I.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad;

II.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad;”

            Por otro lado, la modificación al artículo 293 del Código Penal establece sancionar, “Cuando el servidor público retarde o entorpezca maliciosamente, la procuración o administración de justicia respecto del tipo penal previsto en el artículo 129 de este código”.

            Por último, fue aprobada una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito de Baja California, propuesta por el diputado Mario Osuna Jiménez y contenida en el dictamen número 30, con el objeto de otorgar medidas de protección a los sujetos procesales, como lo son la víctima y el ofendido, durante la averiguación previa.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura, estuvieron presentes los legisladores Juan Manuel Molina García, presidente; Roberto Dávalos Flores, secretario; y los vocales Gustavo Sánchez Vásquez, Nereida Fuentes González y Rosalba López Regalado.