La Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, sentenció que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores realicen su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho. Lo anterior, también para poder confirmar o descartar el motivo de la misma, y en su caso, poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio, señaló la Presidenta de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera Rodríguez.
Dijo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se definió por primera vez la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
La Ombudsperson de Baja California, comentó que el Feminicidio es un delito que está tipificado en el artículo 129 del Código Penal de Baja California, en el cual se específica que: “Comete el delito de Feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de Género”.
Manifestó que el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia debe garantizarse por parte del Estado, aplicando las leyes para que los casos de feminicidios se investiguen con rapidez y diligencia, para que se sancione a los responsables y se brinde la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
Cabe señalar que el Gobierno estatal aceptó dar cumplimiento a las 14 recomendaciones inscritas en la Solicitud de la Alerta de Género en Baja California, mecanismo de protección contemplado en la Ley y solicitado desde la sociedad civil.
Para finalizar, es importante mencionar que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó, en su último informe al Estado mexicano, desarrollar diversas medidas, entre las que destacan la elaboración de un registro oficial sistemático de desapariciones forzadas; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas sobre los hechos ocurridos y el desarrollo de las investigaciones.
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