Mexicali, B. C. miércoles 9 de septiembre de 2015.- Como necesaria calificó el diputado Gustavo Sánchez Vásquez la revisión del marco jurídico actual de la Entidad en lo que respecta a los pacientes del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Así lo afirmó durante su participación en la Mesa de Diálogo sobre el contexto actual de los Derechos Humanos, VIH/SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual en Baja California, organizada por Consultoría Multidisciplinaria en Desarrollo Humano A. C.
El legislador local destacó que se debe revisar dicho tema, desde una perspectiva legislativa, principalmente en el ámbito de prevención y de no discriminación hacía las personas que padecen o portan esta enfermedad.
“La falta de acceso a información en prevención, constituye un importante problema de salud pública y de vulneración de los Derechos Humanos”, dijo Sánchez Vásquez.
Actualmente Baja California ocupa el octavo lugar a nivel nacional en número en personas que padecen VIH/SIDA con 7 mil 352 casos registrados, de los cuales 5 mil 067 son hombres y mil 385 son mujeres.
Este dato se agrava al precisar que nuestra entidad es de las que registran menor población con respecto a otros estados de la república.
El también coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado recordó que en base a acuerdos internacionales México tiene que cumplir una serie de compromisos entre los que se encuentran reducir a la mitad el número de transmisiones sexuales de VIH, así como en usuarios de drogas inyectables para este año.
Además eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y reducir sustancialmente el número de muertes maternas relacionadas con el SIDA.
“Debemos erradicar el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH a través de la promulgación de leyes y políticas que garanticen la consecución de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, sostuvo Gustavo Sánchez.
El evento realizado en la sede del Poder Legislativo, contó también con la participación de asociaciones civiles y representantes del área de salud en el estado.
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