JUICIO POLITICO A FUNCIONARIOS CORRUPTOS PROPUESTA DEL DIPUTADO RODOLFO OLIMPO HERNANDEZ DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

·         El Legislador pretende que se pueda iniciar juicio político a funcionarios públicos durante los dos años posteriores al término del cargo

Mexicali., B.C., jueves 19 de febrero de 2015.- Con el objetivo de acabar con la impunidad y que los servidores públicos se hagan responsables de sus acciones, el diputado integrante de la fracción del Partido Encuentro Social (PES) de la XXI Legislatura del Estado, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, propuso reformar el artículo 95 de la Constitución del Estado, con la finalidad de que el procedimiento de juicio político a los servidores públicos se inicie durante el periodo en que están en funciones y durante los dos años posteriores a haber dejado el cargo, en lugar de un año como actualmente señala la Carta Magna local.

 Detalló que el juicio político es el procedimiento para fincar responsabilidad política a un servidor público en funciones o aun cuando haya dejado de serlo, este procedimiento se refiere a los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de un buen despacho.

 El diputado, en ese mismo sentido, presentó también la propuesta de modificación del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con la finalidad de armonizar el plazo de hasta dos años para iniciar el juicio político después de haber concluido el empleo, cargo o comisión del servidor público, y no de un año como lo establece el texto vigente.

 Explicó: “el plazo actual se empata con el que la Ley de Fiscalización otorga al ORFIS para la revisión de la cuenta pública, lo que provoca que en muchas ocasiones, al concluir este plazo, ya no se está en posibilidad de ejercitar dicho procedimiento (juicio político), quedando de esa forma atados de manos o limitados por el hecho de que ya feneció el término para tal efecto, lo anterior en razón de que así lo contempla tanto la Constitución Política del Estado de Baja California, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California”, remató.