Palco de Prensa
Miércoles 25 Febrero 2015
Por : Gilberto LAVENANT
Uno de los principales factores que han frenado el desarrollo socioeconómico de Baja California, es la irregularidad de la tenencia de la tierra.
Sus comunidades nacieron, de la asignación de enormes extensiones de tierra, en su mayoría por servicios militares prestados. Tierras que fueron fraccionadas por sus propietarios originales o por sus descendientes, y cuya transferencia no siempre se hizo de manera formal y legal, lo que generó serios problemas que se arrastran hasta la actualidad.
Aún muchos tijuanenses recuerdan el caso de la sucesión de los Arguello, que reclamaba la propiedad de los terrenos en los que se desarrolló Tijuana, conocidos entonces tan solo como Rancho de la Tía Juana.
Cuenta la historia, que don Santiago Arguello (1792-1862) allá por 1817, solicitó se le otorgara esta tierra en recompensa por sus servicios como soldado en el presidio de San Diego, misma que le fue concedida en 1829.
Dicen que fue en 1833, cuando Santiago Emigdio Argüello, hijo mayor de don Santiago, solicitó los terrenos adyacentes al rancho de Tijuana, que colindaban con el mar, siendo concedidos por el gobernador José Figueroa.
Muchos años después, los tijuanenses, que habían creado empresas y construido sus viviendas, “sudaron la gota gorda”, cuando una resolución judicial favoreció a ICSA, Inmuebles Californianos, S.A., que ostentaba los derechos de los Arguello, ordenando le entregaran los bienes de su propiedad.
Otro caso, menos sonado, pero gran de magnitud, lo ha sido el del Rancho El Rosario, en donde actualmente se asienta el municipio de Playas de Rosarito. Se trata de un ‘predio mayor, con superficie de más de 19 mil hectáreas.
El título de propiedad lo expidió el Presidente Porfirio Díaz, el 30 de julio de 1879, a solicitud de Joaquín Machado, hijo mayor de don Manuel Machado, en compensación por los servicios militares prestados por este último.
Habiendo fallecido Joaquín, allá por 1910, en cuatro ocasiones se denunció su intestado y finalmente dos grupos de vivales se han ostentado con derechos de propiedad. Por una parte, los presuntos herederos de Joaquín y por la otra, representantes de una empresa denominada Moreno y Compañía, que, como aves de rapiña se han dedicado a despojar de sus patrimonios a quienes invirtieron y construyeron en El Rosario, dizque de su propiedad.
Y un caso más, es el del polígono conocido como El Monumento, en Tijuana, conformado por varios predios. Que ha sido como la manzana de la discordia. Es uno de los asuntos más complejos y litigiosos, por la enorme cantidad de personas que se ostentan como propietarios.
En el 2004, el gobernador panista Eugenio Elorduy, lo expropió. Supuestamente para impedir que se estableciera ahí una empresa trasnacional, explotadora de gas, rival de Sempra Energy. El tema es extenso y complejo. Al final, siendo gobernador José Guadalupe Osuna Millán, dejó sin efecto el decreto expropiatorio.
Sin embargo, los conflictos en torno a El Monumento, continúan. Y lo que es peor, no obstante los numerosos juicios que se ventilan en los tribunales, los supuestos propietarios, siguen ofreciendo en venta porciones de sus supuestas propiedades. Quienes desconocen la complejidad de todo esto, “caen redonditos”. Incautos, pues.
Pero no hay ninguna autoridad que se preocupe por frenar estas tropelías. Ni las de El Rosario, ni las de El Monumento.
En marzo de 2014, El Delegado de Corett en Baja California, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Gilberto Covelli Gómez, anunció que existía el compromiso del gobierno federal para la regularización de la tenencia de la tierra en la entidad.
Entonces, dijo que se pretendía regularizar 15 mil predios en Ensenada, 10 mil en Tecate, 10 mil en Playas de Rosarito y más de 1,500 hectáreas en Tijuana. En este último municipio, mencionó al predio de El Monumento.
El problema es que pasa el tiempo y no se observan resultados. Ni siquiera acciones concretas para ello. Es poco lo que se ha dicho al respecto y mucho menos lo que se ha hecho.
Ninguna autoridad ha mostrado interés, al menos para identificar y deslindar los terrenos irregulares. En especial, aquellos que son materia de litigios, complejos y tardados, en los que cualquier compra o inversión, es tanto como tirar el dinero a la basura.
Tampoco se ha sabido de la integración de expedientes, en cada caso, para identificar a los pillos que continúan especulando con terrenos irregulares, que los ofrecen en venta o que propician su invasión, para luego presionar al gobierno para lograr su regularización.
Mucho menos se ha sabido, de denuncias formales en contra de los especuladores, que siguen engañando incautos, ostentándose como propietarios, sin poder acreditar derechos, plenamente.
Y conste, en esto están involucrados, lo mismo “peces gordos”, que chicos. Los problemas son complejos y ante la pasividad o tortuguismo oficial, cada día se complican más.
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