Palco de Prensa
Viernes 4 Abril 2014
Por : Gilberto LAVENANT
Ante el hecho de que los funcionarios públicos, en particular los del nivel municipal, no son todólogos, o expertos en todas las materias, incluso las correspondientes al área en que son asignados, se tiene que recurrir a la contratación de asesores, o sea expertos, en determinada actividad.
Sin embargo, no siempre es justificable, el hecho de contratar supuestos asesores, para realizar actividades o funciones, propias de departamentos o secciones específicas del gobierno.
Pero, en fin, quizás podría justificarse, si la contratación de los supuestos asesores, habrá de eficientizar el funcionamiento de la administración pública. Vale la pena, el gasto, si se logra una mejor operación, aunado a un trato adecuado a la ciudadanía.
Sin embargo, en la práctica, el rubro “asesores”, que formalmente se denomina “Prestación de Servicios Profesionales”, generalmente se utiliza, en el sistema político mexicano, para encubrir o simular el pago de favores políticos, e incluso atenciones o favores de carácter personal.
El dinero público, no es del funcionario, pero, a fin de aliviar en parte las crisis económicas de los “compas”, o pagar los favores o servicios personales recibidos, pues meten las manos a las arcas, y mediante la emisión de cheques, les proporcionan recursos públicos y listo, todos contentos.
Estos son actos criminales, deleznables, sobre todo por las angustias financieras de los gobiernos municipales, que en ocasiones les hace desviar recursos, o sea tomarlos de otros rubros o partidas, como para andarlos derrochando en favores o compromisos personales.
Durante el ejercicio 2012, el XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el empresario priísta, Carlos Walterio Bustamante Anchondo, realizó erogaciones, por concepto de Servicios Profesionales contratados, o sea en la contratación de supuestos asesores, por un monto de 27 millones 250 mil 92 pesos.
Sin embargo, según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tijuana, por el ejercicio fiscal 2012, presentado por el Organo de Fiscalización del Estado, el Orfis, con fecha 18 de diciembre de 2013, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, de la legislatura estatal, de las erogaciones efectuadas, por pago a asesores, en el 2012, no se justifican 15 millones 833 mil 75 pesos, debido a que las funciones o actividades contratadas, corresponden a las que deben llevar a cabo, determinadas áreas, específicas, de la estructura orgánica del gobierno municipal.
Entre dichas contrataciones, se ubica a Protego Asesores, S. de R.L., que se cambió a Evercore Partners de México, S. de R.L., por un monto de 626 mil 400 pesos. Como se sabe, Protego, es la empresa de Pedro Aspe Armella, el exSecretario de Hacienda, que se dedica, principalmente, a asesorar a los gobiernos municipales y estatales, para refinaciar los adeudos.
Por asesorías de seguimiento de finanzas públicas, créditos financieros y asesoría financiera general, el XX Ayuntamiento pagó a Protego, 626 mil 400 pesos. Se puede decir que la cantidad es mínima, ante otros pagos más cuantiosos a dicha empresa, por asesorías al gobierno municipal de Tijuana.
Por asesorías en consultoría política, cabildeo y gestoría en la obtención de recursos, se contrató a Grupo Especialistas Políticos, S.C., por un monto de 6 millones 219 mil 538 pesos, aunque el Orfis señala que en los contratos no se especifíca para qué tipo de recursos se llevó a cabo la gestión. Además, precisa que ya existen los convenios de colaboración, con las dependencias estatales y federales, para la obtención de dichos recursos y que por lo tanto resulta innecesario gestionarlos a través de terceros.
A Gerencia Política y Consultoría, S.C., se le contrató, para realizar asesoría y servicios necesarios, para elaborar y poner en práctica, una estrategia de comunicación gubernamental, que mejore la percepción ciudadanía sobre el trabajo del ayuntamiento, por un monto de 2 millones 131 mil 68 pesos. Gasto inútil, porque la percepción popular, respecto a la administración de Bustamante, nunca mejoró y, en todo caso, esa tarea correspondía a la Dirección de Comunicación Social.
Destaca, en las observaciones del Orfis, la contratación de dos supuestos asesores. Joaquín Octavio Parada Ruiz, dizque para programas de inversión, y Leonardo Bravo Quintero, para el tema de políticas públicas, por cuyos “servicios”, cada uno recibió la cantidad de 399 mil 600 pesos.
Para quienes no ubiquen a dichos personajes, Parada Ruiz fue Secretario General de la central obrera CROM y está perfectamente identificado, que se dedica a la celebración de contratos de protección. En palabras sencillas, celebra contratos colectivos de trabajo, como representante de su sindicato de trabajadores, con empresas diversas, bajo el supuesto de que representa a los trabajadores que laboran en las mismas, pero no para defender sus derechos, sino para que dichas empresas no sean emplazadas a huelga. Generalmente los trabajadores ni lo conocen. Ahora resulta, que es asesor en programas de inversión. Como dicen : sorpresas que dá la vida.
El otro, supuesto asesor, Leonardo Bravo Quintero, dizque experto en políticas públicas, efectivamente es un viejo político priísta, pero, que se sepa, no es reconocido como asesor, en nada. Bueno, por 399 mil 600 pesos, cualquiera se convierte en experto, en cualquier área o actividad. También podría decirse, que ante Bustamante, cualquiera es experto o asesor. Resulta obvio, que estas “asesorías”, fue la vía para pagar favores.
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