- El legislador del PRD presentó un punto de acuerdo para frenar, lo que consideró, una grave práctica contra ciudadanos de Baja California
- La Policía Estatal Preventiva está en la mira de organismos internacionales en materia de protección a los derechos humanos: RDF
Mexicali, B. C., viernes 11 de noviembre de 2014.- El diputado Roberto Dávalos Flores dio a conocer ante el Pleno del Congreso que Amnistía Internacional (AI) encontró en Baja California dos de los siete peores casos de tortura en México; los dos fueron cometidos el mismo día 26 de septiembre de 2012 en Tijuana y Rosarito, por un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Ante estas graves circunstancias de violación a los derechos humanos, el diputado del PRD presentó ayer un punto de acuerdo, donde exhorta a que se implementen en el Estado medidas para la sanción de los casos de tortura en contra de la ciudadanía, por parte de los cuerpos policiacos.
Ante los diputados de la XXI Legislatura local, Dávalos Flores detalló que el primer caso arriba mencionado se suscitó en la ciudad de Tijuana, cuando elementos de la PEP irrumpieron en una cena familiar mediante un operativo “tipo asalto”, en el que se llevaron detenido al joven Luis Ángel Zazueta Cornejo de 23 años de edad.
Datos ofrecidos por Amnistía Internacional –dijo el legislador–, revelaron que los policías torturaron al detenido y exigieron a la familia dinero para dejarlo libre; como los familiares carecían de recursos, el equipo policiaco que ese día estaba franco, consignó a Zazueta Cornejo bajo cargos de haberlo detenido en la calle con un kilogramo de cocaína en una mochila.
El Tribunal encargado de llevar el caso aceptó esos cargos y se negó a recibir evidencias de corrupción que la familia, vecinos y conocidos filmaron y grabaron.
El otro caso es de Adrián Vázquez Lagunez, inicialmente detenido en Rosarito al confundirlo con conocido narcotraficante.
Refirió que en ambos casos, y en otros donde persiste denuncia en la propia Procuraduría General de Justicia del Estado y en otras instancias locales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, actuó el mismo equipo de la Policía Estatal Preventiva, lo cual forma parte de un expediente de 7 casos con los que Amnistía Internacional presentó demanda ante la Corte Penal Internacional.
Durante la lectura del punto de acuerdo, el diputado perredista expuso también que pese a la gravedad del caso, diferentes medios de comunicación hicieron público que el Ejecutivo estatal se negó a recibir al equipo de Amnistía Internacional, además de que casos denunciados ante las instancias de justicia en la entidad, no han tenido un seguimiento puntual.
El legislador puntualizó que, por esta razón, se deben adoptar de inmediato las medidas pertinentes para solucionar esta problemática, pues el Estado de Baja California ya está sujeto a investigación por parte de organismos internacionales.
El punto de acuerdo manifiesta que el Poder Legislativo de Baja California exhorta al Ejecutivo estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en su conjunto y de manera urgente, den solución a las quejas y denuncias de las que son objeto los elementos adscritos a la Policía Estatal Preventiva.
También que el Ejecutivo estatal se responsabilice e implemente las medidas necesarias para que las dependencias públicas a su cargo, encargadas de los cuerpos policiacos, cuenten con órganos de control eficaces para el seguimiento de las quejas ciudadanas, asimismo para la investigación de las denuncias presentadas.
Asimismo, que se informe de los programas con los que se cuenta para sensibilizar al personal del cuerpo policiaco, a fin de prevenir la tortura en las investigaciones que realizan.
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